Transformación digital y capacitación en la Administración Pública
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24 septiembre, 2025Ética y transparencia: pilares de la capacitación en la Administración Pública
1. Introducción
En la Administración Pública, la confianza ciudadana se sostiene sobre dos principios esenciales: la ética y la transparencia. Ambos no solo orientan la conducta de los funcionarios, sino que también garantizan que las decisiones y los recursos públicos se gestionen en beneficio de toda la sociedad. La capacitación, en este sentido, cumple un rol estratégico: transformar estos principios en competencias prácticas y conductas permanentes en el quehacer diario del servicio público.
2. Ética en la gestión pública
La ética pública implica actuar con probidad, imparcialidad y responsabilidad frente a los intereses ciudadanos. Para los funcionarios, capacitarse en ética significa:
- Reconocer y prevenir conflictos de interés.
- Aplicar criterios de justicia y equidad en la atención y en la asignación de recursos.
- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones coherentes con los valores del servicio público, incluso bajo presión política o institucional.
3. Transparencia como garantía de confianza
La transparencia no se limita a publicar información en portales oficiales. Requiere que los funcionarios sean formados en:
- Normativa vigente (Ley de Transparencia N° 20.285 y Ley de Lobby N° 20.730).
- Prácticas de acceso a la información clara, oportuna y comprensible para la ciudadanía.
- Mecanismos de rendición de cuentas y comunicación efectiva.
- Uso responsable de los datos públicos, garantizando la protección de la información sensible.
4. Capacitación como herramienta preventiva
La capacitación en ética y transparencia funciona como mecanismo de prevención de malas prácticas, ya que permite:
- Disminuir riesgos de corrupción y falta de probidad.
- Fortalecer la cultura organizacional basada en la integridad.
- Alinear el trabajo de los funcionarios con los estándares de gobernanza democrática y buen gobierno.
5. Desafíos actuales
- Capacitaciones formales pero poco prácticas, que no siempre conectan con la realidad diaria de los funcionarios.
- Resistencia cultural, donde algunos servidores públicos ven la transparencia como una carga burocrática.
- Necesidad de actualización permanente, ya que las normativas evolucionan y surgen nuevas exigencias ciudadanas.
- Medición de impacto limitada, pues muchas instituciones no evalúan cómo las capacitaciones influyen en la conducta de sus funcionarios.
6. Recomendaciones
- Incorporar estudios de casos reales de la Administración Pública chilena.
- Combinar formación teórica y práctica, con talleres de dilemas éticos.
- Vincular ética y transparencia con la carrera funcionaria, reconociendo a quienes se capacitan y aplican lo aprendido.
- Fomentar liderazgo ético, capacitando a directivos como referentes en integridad.
- Evaluar resultados, midiendo cambios en la percepción ciudadana y en la gestión institucional.
7. Conclusión
La modernización del Estado no depende solo de tecnología o eficiencia administrativa: se sostiene en valores. La capacitación en ética y transparencia constituye el cimiento de un servicio público íntegro, donde cada funcionario entiende que su labor impacta directamente en la confianza ciudadana y en la legitimidad de las instituciones democráticas.
