La Ley de Compras Públicas y la contratación en el Estado
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24 septiembre, 20251. Introducción
La transparencia y el acceso a la información son pilares de un Estado democrático moderno, ya que permiten a la ciudadanía fiscalizar el actuar de las instituciones públicas y ejercer un control efectivo sobre el uso de los recursos del Estado. En Chile, este derecho está consagrado en la Constitución y regulado principalmente por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (Ley de Transparencia).
2. Transparencia activa y pasiva
La Ley establece dos mecanismos principales:
- Transparencia activa: obligación de los organismos públicos de publicar en sus sitios web información actualizada sobre presupuesto, contrataciones, personal, actos administrativos y programas.
- Transparencia pasiva: derecho de cualquier persona a solicitar información pública y recibir respuesta en plazos establecidos, salvo excepciones fundadas (seguridad nacional, datos personales, secreto industrial, entre otros).
3. Control ciudadano
El acceso a la información permite a la ciudadanía:
- Fiscalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo riesgos de corrupción.
- Participar en la toma de decisiones, con más y mejores antecedentes.
- Ejercer derechos frente a la administración, al conocer procedimientos, normativas y beneficios disponibles.
- Fortalecer la confianza en las instituciones, al garantizar un Estado abierto y responsable.
4. Rol del Consejo para la Transparencia
El Consejo para la Transparencia (CPLT) es el organismo autónomo encargado de:
- Supervisar el cumplimiento de la Ley N° 20.285.
- Resolver reclamos cuando los organismos niegan o restringen el acceso a la información.
- Promover la educación cívica en materia de transparencia.
- Dictar instrucciones generales y estándares para la gestión de la información pública.
5. Desafíos actuales
- Demoras en respuestas: muchos organismos no cumplen los plazos legales.
- Calidad de la información publicada: a veces es incompleta, desactualizada o difícil de comprender para la ciudadanía.
- Resistencia institucional: ciertos servicios ven la transparencia como una carga y no como un deber democrático.
- Protección de datos personales: se requiere equilibrar el derecho de acceso a la información con la privacidad de las personas.
- Brecha digital: en sectores rurales o grupos vulnerables, el acceso a la información puede verse limitado por falta de conectividad o alfabetización digital.
6. Conclusión
La transparencia y el acceso a la información pública son instrumentos esenciales de control ciudadano y de fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, para que sean efectivos, se requiere no solo el cumplimiento formal de la Ley, sino también un cambio cultural en la Administración Pública, donde los funcionarios comprendan que la información pertenece a los ciudadanos y que su divulgación es la base de la confianza institucional.